Ahora que se presenta el proyecto de "Ley de economía sostenible" sin que nadie sepa muy bien lo que es, porque ni los mismos creadores saben como explicarla, quizás sea el momento de pedir precisamente explicaciones de algo que puede que nos afecte a todos antes de lo que nos pensamos. Detrás de ese nombre que suena la mar de ecologico, "cool", y sobre todo, políticamente correcto, la "Ley de economía sostenible" escondería algunos puntos preocupantes, sobre todo los relativos a la potestad que se autoasignaría el gobierno para poder cerrar una página web con el argumento de que la actuación de ésta atenta contra la propiedad intelectual. De esta manera, el poder ejecutivo, sin la autorización previa del poder judicial, podría vulnerar derechos fundamentales amparados por la constitución. ¿Hasta que punto es inconstitucional este proyecto de ley?¿Quien nos asegura que en algún momento cualquier gobierno no vaya a utilizar esta ley para silenciar voces con las que no esté de acuerdo o supongan un peligro para su permanencia en el poder?¿Porqué en un proyecto de ley de caracter meramente económico se hace referencia a cuestiones como esta?
Dudo sinceramente que el propio sistema democrático permita que pueda aprobarse una ley de estas características, pero, como suelo desconfiar por instinto de los movimientos de los políticos y creo que ya es hora de levantar la voz, me gustaría adherirme al manifiesto publicado en la red en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos en internet publicando su contenido.
Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
El contenido del manifiesto lo he extraido de WeblogsSL, aunque ya lo he visto correr por muchas blogs.
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